La normativa sobre los detectores de radar cambió en 2014, cuando muchos conductores lo tenían instalado en sus vehículos. Estos detectores se pueden configurar para que funcionen como otro avisador y sea legal, pero ¿nos multarían por llevarlo instalado aunque no se use o se use como avisador legal?

Esta es una consulta muy demandada entre los clientes de Publipunto sobre los detectores de radar que hemos recuperado para clarificar el uso de los detectores de radar, como el Angel Driver F18.

Desde el 9 de mayo de 2014 los detectores de radar pasaron a ser ilegales, no así los avisadores de radar como el Angel Driver F10. Cuando entró en vigor la nueva Ley de Tráfico en 2014 los conductores con detectores de radar podrían ser sancionados con una multa de 200€ y la retirada de hasta 3 puntos del carné.

Ahora bien, desde la entrada en vigor de esa normativa, Angel Driver incluyó una actualización para que estos detectores puedan ser utilizados como avisadores de radar, dispositivos totalmente legales y que tan sólo avisan de la presencia de radares que hay grabados en su base de datos. En el caso de realizar estas actualizaciones y utilizar el detector como avisador de radares, si un agente paraba a un conductor que lo estaba usando, era labor del automovilista convencerle de que no lo estaba utilizando como detector… y el agente podía decidir multar o no.

Pero esta cuestión cambió el pasado mes de julio cuando el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Segovia invalidó una multa que un agente había impuesto a una conductora por haber usado un detector de radar. En su sentencia, este Juzgado indicaba que “la simple instalación de estos mecanismos no es una acción típica o antijurídica. Por ello, la Administración debe probar que la sancionada utilizó dicho detector, no simplemente la instalación.”. El juez encargado del caso justifica su decisión basándose en que la administración no ha probado que el dispositivo “fuese capaz de detectar radares” puesto que la sanción se basa “en el análisis formal de un agente de la Guardia Civil”.

Según Mario Arnaldo, Presidente de Automovilistas Europeos Asociados, señala que esta sentencia “no genera jurisprudencia, pero sí supone un precedente jurídico importante cuyo argumento puede invocarse en otros casos similares”.

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